Hoy por hoy, las personas no sienten que el sistema responda a sus expectativas en cuanto a dignidad, incluyendo aspectos de trato, protección y acceso. La satisfacción ciudadana con el sistema de salud es de un 39%, cifra lejana al promedio de la OCDE que alcanza el 71%.

Lo anterior se torna aún más complejo al considerar que la situación de enfermedades crónicas, incluyendo de salud mental y discapacidad, se está agravando. Las Encuestas Nacionales de Salud de los años 2003, 2010 y 2017 han demostrado el incremento gradual de adultos que viven con dos o más condiciones crónicas, cifra que hoy se estima en 11 millones de personas.

La gran condicionante estructural de las inequidades de salud es la inequidad social. La evidencia científica indica que los resultados de salud dependen en un 50% de los determinantes sociales de la salud y solo en un 25% de las acciones de salud.

Tanto el gasto de bolsillo como el gasto catastrófico en salud sigue siendo muy alto para las personas, afectando al 4,1% de los hogares chilenos que gastan más del 30% de sus ingresos en un año.

La crisis climática y otros riesgos generan escenarios cambiantes, con la transmisión de nuevas enfermedades, agravamiento de la salud en poblaciones expuestas a olas de calor y frio, sequías, inundaciones, contaminación atmosférica, incendios forestales, entre otras.

Por todo esto es que la justicia social es cuestión de vida o muerte, lo que implica que los esfuerzos de Reforma necesariamente deben buscar estrategias que abordan la equidad en las condiciones de vida y transformaciones para que el modelo de cuidado basado en la atención primaria tome en cuenta estas realidades territoriales.